A medida que se aproximan las elecciones generales de 2026, el debate público vuelve a girar en torno a una pregunta recurrente en la política peruana: ¿por qué resulta tan difícil encontrar candidatos que generen verdadera confianza en la ciudadanía? Más allá de la multiplicidad de organizaciones políticas que participarán en el proceso electoral, el problema parece ser más profundo y estructural que una simple falta de opciones.
Diversos análisis recientes coinciden en que el sistema político actual no incentiva necesariamente la participación de los perfiles más preparados. Según explicó el psicólogo social Jorge Yamamoto en declaraciones recogidas por RPP, la forma en que se reclutan candidatos en el país termina, muchas veces, alejando a personas competentes o con vocación pública. En sus palabras, el sistema termina atrayendo “a lo peor de la sociedad”, mientras que quienes podrían aportar profesionalismo y ética a la política prefieren mantenerse al margen ante el descrédito generalizado que rodea a esta actividad (RPP, 10 de marzo de 2026).
Esta percepción no es menor. Durante los últimos años, la política peruana ha acumulado una serie de crisis institucionales, escándalos de corrupción y enfrentamientos entre poderes del Estado que han deteriorado gravemente la confianza ciudadana. Como consecuencia, el ejercicio de la política se ha asociado, para muchos, con prácticas poco transparentes o con intereses alejados del bien común. El problema no es únicamente quiénes llegan a postular, sino también quiénes deciden no hacerlo.
Sin embargo, resulta interesante advertir que, pese al desencanto generalizado, la población sí tiene bastante claro qué espera de sus autoridades. Diversos estudios citados por especialistas muestran que los peruanos valoran principalmente la honestidad, la capacidad profesional, el respeto por las normas democráticas y la habilidad de formar buenos equipos de trabajo en quienes aspiran a gobernar.
En esa misma línea, el director ejecutivo de Proética, José Luis Gargurevich, ha señalado que las encuestas coinciden en que la honestidad y la ausencia de antecedentes por corrupción se han convertido en los criterios más importantes para evaluar a un candidato. No obstante, el especialista advierte que existe una contradicción en la percepción social respecto a la corrupción: mientras la mayoría de ciudadanos reconoce que se trata de uno de los principales problemas del país, muy pocos se consideran parte de ese fenómeno (RPP, 10 de marzo de 2026).
Esta paradoja refleja una realidad compleja. La corrupción suele ser percibida como un problema externo, atribuido exclusivamente a los políticos o a determinadas instituciones, cuando en realidad también se alimenta de prácticas cotidianas que, en muchos casos, han sido socialmente toleradas. Como advierte Gargurevich, más que la existencia de actos corruptos en sí mismos, uno de los problemas centrales radica en la impunidad que muchas veces los acompaña.
A ello se suma otro elemento preocupante: el progresivo desencanto de los ciudadanos respecto al impacto real de su voto. De acuerdo con el estudio “¿Cómo vota el Perú?”, elaborado por Arellano Consultoría, los electores son cada vez más conscientes de la necesidad de contar con mejores autoridades, pero al mismo tiempo muestran menor confianza en que estas puedan cambiar efectivamente la realidad del país (RPP, 10 de marzo de 2026).
Este fenómeno genera un círculo vicioso. Cuando los ciudadanos creen que las autoridades no tendrán mayor impacto en su vida cotidiana, disminuye el interés por informarse o analizar con detenimiento a los candidatos. En consecuencia, el voto puede terminar definiéndose de manera superficial o apresurada, especialmente en contextos donde existe una gran cantidad de opciones políticas.
De hecho, el mismo estudio advierte que, pese a que en las próximas elecciones participarán decenas de organizaciones políticas, muchos votantes recuerdan apenas a un pequeño grupo de ellas, lo que refleja una limitada exposición a las distintas propuestas y trayectorias de quienes buscan ocupar cargos públicos.
En este escenario, resulta inevitable preguntarse hasta qué punto el problema de la calidad de nuestros gobernantes depende únicamente de quienes postulan. Si bien es legítimo cuestionar los filtros con los que se permite la participación de ciertos candidatos, también es cierto que la responsabilidad democrática no se agota en ese punto.
La calidad de una democracia no depende exclusivamente de su clase política, sino también del nivel de exigencia de sus ciudadanos. Un voto informado, crítico y responsable constituye una de las herramientas más poderosas para fortalecer las instituciones y reducir los espacios para prácticas corruptas o improvisadas.
En un país donde el desencanto político se ha vuelto casi una constante, recuperar la convicción de que el voto sí puede marcar una diferencia resulta fundamental. Al final, más allá del ruido electoral o de la cantidad de candidatos en competencia, la decisión última siempre recae en los ciudadanos.
Y esa decisión, en democracia, nunca es menor.