El INPE bajo escrutinio
Los recientes acontecimientos ocurridos en distintos establecimientos penitenciarios del país han vuelto a colocar al INPE en el centro del debate público. Lejos de tratarse de hechos aislados, las visitas inopinadas, requisas y declaraciones oficiales revelan una problemática estructural que trasciende lo administrativo y alcanza dimensiones jurídicas, institucionales y de seguridad ciudadana.
La inspección realizada en el penal de Ancón I dejó al descubierto un escenario alarmante: registros incompletos, información dispersa en cuadernos manuscritos y la incapacidad inmediata del personal penitenciario para ubicar a un interno presuntamente vinculado a delitos de extorsión. La confusión respecto a su paradero -primero asignado a un pabellón, luego a otro y finalmente señalado como trasladado a Challapalca sin constancia documental accesible- evidencia una grave falla en los sistemas de control y registro del INPE.
Este desorden administrativo no es un simple error operativo. La correcta identificación, ubicación y custodia de los internos constituye una obligación esencial del Estado, derivada del principio de legalidad y del deber de garantía que este mantiene tanto frente a las personas privadas de libertad como frente a la sociedad en su conjunto. La ausencia de información confiable compromete la trazabilidad de las decisiones administrativas, como los traslados, y debilita la rendición de cuentas, abriendo espacio a arbitrariedades, corrupción o, en el peor de los casos, a la comisión de delitos desde el interior de los penales.
Resulta particularmente preocupante que estas deficiencias hayan sido denunciadas públicamente por el propio Poder Ejecutivo, cuando el INPE se encuentra bajo su ámbito de dirección y supervisión. El discurso oficial que califica de “caos crítico” la situación penitenciaria contrasta con el respaldo brindado semanas antes a la gestión del entonces presidente del INPE, quien renunció en medio de denuncias graves por presuntos actos de corrupción.
Esta contradicción no solo afecta la coherencia política del Ejecutivo, sino que debilita la confianza ciudadana en la capacidad del Estado para conducir una política penitenciaria seria y sostenida.
A ello se suma lo hallado en el penal Miguel Castro Castro. Las requisas permitieron incautar conexiones eléctricas clandestinas, objetos punzocortantes y grandes cantidades de alcohol fermentado, elementos que confirman que los establecimientos penitenciarios continúan funcionando, en la práctica, como centros de operación de actividades ilícitas. Que estas condiciones existan en un penal de mediana seguridad plantea interrogantes inevitables sobre la eficacia de los controles permanentes y no solo de los operativos extraordinarios
El régimen carcelario debe equilibrar el respeto a los derechos fundamentales de los internos con el principio de autoridad y seguridad. Cuando el Estado pierde el control efectivo de los penales, no solo se vulnera la finalidad resocializadora de la pena, sino que se afecta directamente el derecho de la ciudadanía a vivir en seguridad, especialmente cuando delitos como la extorsión se coordinan desde el interior de las cárceles.
Las requisas y visitas inopinadas, aunque necesarias, no pueden presentarse como soluciones estructurales. Son medidas reactivas que evidencian el problema, pero no lo resuelven. La persistencia de registros manuales, la falta de interoperabilidad entre penales y la ausencia de protocolos claros y auditables reflejan una gestión penitenciaria anclada en prácticas obsoletas, incompatibles con un Estado que pretende enfrentar al crimen organizado con seriedad.
Lo ocurrido en Ancón I y Castro Castro no es solo una llamada de atención al INPE, sino al propio Estado. La crisis penitenciaria no se supera con discursos duros ni con operativos mediáticos, sino con una reforma profunda que fortalezca la institucionalidad, profesionalice la administración penitenciaria y garantice controles reales y permanentes. Mientras ello no ocurra, el sistema penitenciario seguirá siendo un eslabón débil en la lucha contra la criminalidad y un factor de permanente inseguridad jurídica y ciudadana.